La ciudad de Pontevedra se prepara para uno de los procesos migratorios más relevantes de los últimos años. Según datos difundidos por el diario Diario de Pontevedra, alrededor de 1.200 personas migrantes residentes en la Boa Vila podrían acogerse al nuevo proceso extraordinario de regularización aprobado por el Gobierno español.
La medida, que entró en vigor el 16 de abril de 2026, permitirá que miles de personas en situación irregular puedan acceder a permisos de residencia y trabajo si cumplen determinados requisitos. En Galicia, las estimaciones apuntan a unos 12.000 beneficiarios potenciales.
¿Quiénes podrán beneficiarse?
La mayoría de los posibles solicitantes en Pontevedra proceden de Venezuela, Colombia y Marruecos. El decreto contempla dos grandes perfiles:
- Personas que solicitaron asilo antes del 1 de enero de 2026.
- Migrantes que ya se encontraban en situación irregular antes de esa fecha.
Además, deberán cumplir condiciones como:
- Ser mayores de edad.
- Haber permanecido al menos cinco meses continuados en España.
- Presentar documentación identificativa.
- Carecer de antecedentes penales en España y en los países donde hayan residido anteriormente.
El plazo para presentar solicitudes finalizará el 30 de junio de 2026.
Un proceso con esperanza… y obstáculos
Aunque la medida ha sido recibida con alivio por muchas familias migrantes, el proceso no está exento de dificultades. Uno de los principales problemas señalados por abogados y asociaciones es la obtención de certificados de antecedentes penales desde los países de origen.
También preocupa la complejidad de la tramitación digital, ya que muchas personas no disponen de certificado digital ni experiencia con procedimientos telemáticos. Por ello, entidades sociales y despachos especializados están jugando un papel clave en el acompañamiento administrativo.
En Pontevedra, la asociación Asovedra se ha convertido en uno de los principales puntos de apoyo para los migrantes que buscan regularizar su situación.

Primeros resultados en Galicia
Las primeras resoluciones ya están llegando. A comienzos de mayo, decenas de migrantes en Pontevedra recibieron habilitaciones provisionales para trabajar legalmente mientras se tramitan sus expedientes.
El nuevo sistema permite incluso obtener un Número de Identificación de Extranjero (NIE) y acceso a la Seguridad Social en apenas unos días desde la admisión a trámite.
Para muchas personas, esto supone un cambio radical en su vida cotidiana: acceso a contratos legales, sanidad, estabilidad y mayor seguridad jurídica.
El impacto social de la regularización
La regularización extraordinaria podría tener efectos importantes tanto a nivel humano como económico. Diversas organizaciones consideran que permitirá reducir la economía sumergida y facilitar la integración laboral en sectores con alta demanda, como la hostelería, el cuidado de mayores o la construcción.
Al mismo tiempo, administraciones locales y ONG advierten de la enorme presión burocrática que está generando el proceso en oficinas públicas y servicios sociales.
Más allá de los trámites, para muchos migrantes este proceso representa algo mucho más profundo: la posibilidad de dejar atrás años de incertidumbre y comenzar una nueva etapa con derechos y estabilidad.
Como resumía una joven colombiana residente en Pontevedra entrevistada por la prensa local, “ese papel te da identidad y, sobre todo, tranquilidad para poder avanzar”.


